En el orden social, el gobierno de Juárez proyectó una política poblacionista que pretendía atraer la inmigración de europeos, como ocurrió en Estados Unidos y en Argentina, pero esto no pudo realizarse porque en el extranjero se desconfiaba de la seguridad interna de México, y los europeos no encontraban aliciente alguno para venir a radicar a un país tan conflictivo.
Otro proyecto social fue el de la formación de la pequeña propiedad a partir del fraccionamiento de los latifundios por medio del deslinde y venta de terrenos baldíos, y de la desamortización de las tierras del clero y de las comunidades indígenas, así como a través de la venta de las grandes haciendas. El gobierno se proponía dotar a cada campesino de un rancho de pequeñas dimensiones, en el que libremente trabajaran la tierra y criara ganado; pero esta meta era difícil de alcanzar porque la clase trabajadora campesina había estado acostumbrada, por siglos, al trato paternalista del hacendado; durante cientos de años de había encerrado en aquélla condición de servidumbre y no sabía qué hacer ahora con su nueva libertad. Además, el problema social agrario se había agravado por el despojo de tierra de que se hizo objeto a las comunidades indígenas, que las marginó aún más que antes e hizo más difícil su integración a la sociedad nacional.
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